REMI A158. La visión de la AFEM en el conflicto actual de la sanidad madrileña

NOTA IMPORTANTE: Las afirmaciones recogidas y las opiniones expresadas en este artículo son las de sus autores (AFEM), y no las de REMI.
1. Qué es la AFEM
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) nace esta primavera como continuación de la antigua Asociación Nacional de Facultativos Especialistas Interinos (ANFEI). Ésta fue creada en su día para luchar por conseguir que se hiciera una OPE extraordinaria, que diera solución al problema de la interinidad acumulada por la falta de concursos públicos.

Tras varios años de lucha se consiguió el objetivo, pero la ANFEI no se disolvió, sino que quedó “hibernada” de forma que ha constituido el sustrato legal de la AFEM, con un cambio de siglas y en los estatutos, para permitir que se dé cabida a cualquier facultativo que trabaje en los distintos ámbitos del sistema sanitario madrileño, tanto médicos como psicólogos, bioquímicos, farmacéuticos o físicos.

Su razón de ser es no quedarnos de brazos cruzados contemplando el progresivo deterioro del sistema sanitario público y, en consecuencia, de nuestras propias condiciones laborales y dignidad profesional.

Hemos venido sufriendo un descenso en las retribuciones en los últimos años; una precariedad laboral marcada por contratos de toda índole, con renovaciones semestrales y a veces hasta trimestrales; un aumento del horario laboral, que en el personal que hace guardias se ha traducido en un descuento directo de casi 200 euros brutos mensuales, sin dar la oportunidad de trabajar más horas sin descuentos; se ha impuesto por decreto la eliminación del descanso semanal de 36 horas ininterrumpido, en contra de la regulación existente en la Comunidad Europea; se disminuyen para el próximo año el número de días de libre disposición, que hay que recordar que se concedieron para compensar que no se subía el sueldo a los funcionarios según el IPC, y no son un “regalo” de la administración.
2. La AFEM frente al "Plan de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario público" de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

En este contexto, se produce ante los medios de comunicación el 31 de octubre, antes de un largo puente, en la presentación de los presupuestos para 2013 de la Comunidad de Madrid, el anuncio del “Plan de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario público”.

La naturaleza sorpresiva del anuncio puede constatarse con el hecho de que, en los hospitales en los que a las dos de la tarde se anuncia que se va a “externalizar” la gestión, incluyendo la contratación de todo el personal, esa misma mañana tomaban posesión de la plaza como personal estatutario las personas que habían ganado la oposición en Medicina Interna y Medicina Intensiva, sin que nadie les informara de las nuevas condiciones. ¿Fraude de ley? Desde luego se trata de un cambio de las reglas del juego en mitad de la partida, y es posible que la mayoría de las personas afectadas, que podrían haber tenido esto en cuenta, reclamen que se repita la elección de plazas, tanto en estas especialidades como en el resto. El tiempo lo dirá.

El plan presentado por la Consejería de Sanidad incluye:
  • "Externalización" de la actividad sanitaria en seis hospitales, utilizando el modelo de concesión administrativa. Se trata de hacer un concurso en el que se adjudique la asistencia sanitaria a la población dependiente de cada centro a una empresa que recibiría una asignación per cápita, debiendo con esa asignación proporcionar el servicio y además obtener beneficios.
  • Concesión de la prestación de la asistencia sanitaria de Atención Primaria de un 10% de los Centros de Salud. Se entiende de la misma forma que la prestación hospitalaria, permitiendo en este caso que los profesionales del centro constituyan una empresa cooperativa que se hiciera cargo de la prestación. Si esto no se diera, se concedería igualmente a una empresa externa.
  • "Externalización" de servicios no sanitarios: cocinas, lavandería, almacenes y mantenimiento.
  • Transformación del Hospital de La Princesa en un hospital de alta especialización para la patología de las personas mayores. En la práctica esta medida suponía el desmantelamiento del hospital, porque cerraría la urgencia, el centro de especialidades y dejaría de tener un área de referencia. En el proyecto de presupuestos inicial de la Comunidad, el hospital pasaba de 158 millones a poco más de 80, lo que da idea de la magnitud de la reconversión, que echaría por tierra también la docencia pre y postgrado y cerraría el Instituto de Investigación. La unión de todos los estamentos del hospital ha conducido en este caso a unas conversaciones con la consejería que han dejado este punto en suspenso, manteniéndose la estructura actual del hospital, si bien con los mismos recortes que el resto de centros.
  • Transformación del Hospital Carlos III en un hospital de estancia media. Supone de hecho el cierre del hospital tal y como funciona ahora, dejando de ser referencia como centro de docencia, investigación y atención especializada a enfermedades infecciosas.
  • Reducción del gasto medio por receta farmacéutica. Implantación de la tasa de un euro por receta.
  • Incremento de las actividades de la central de compras.
  • Retraso en la apertura del Hospital de Collado Villalba- Reordenación de la actividad de los profesionales en los hospitales: contratación de personal facultativo con horario de tarde para actividad de consultas y quirófanos. Incluye contratos a tiempo parcial. En la práctica esto supone una segmentación de los servicios que afectará a la coordinación y continuidad asistencial. Además está la sospecha de que se trate de una medida para reducir las horas y el gasto en personal de guardia.
  • Jubilación de profesionales mayores de 65 años. El 70% de los facultativos entre 65 y 70 años que actualmente han prorrogado su vida laboral serán sometidos a jubilación forzosa, sin que se expliciten los criterios concretos en que se van a basar para elegirlos.
  • Concentración de laboratorios para aprovechar economías de escala. Se reducirían los laboratorios a cuatro laboratorios en la Comunidad de Madrid en cuatro grandes centros, quedando pequeños laboratorios en cada centro para atender demanda interna (probablemente sólo de urgencias).
  • Concentración de la complejidad. En este proceso se engloba el cierre inmediato del Instituto de Cardiología, adscrito al Hospital Clínico como centro de apoyo, con el traslado forzoso de todo el personal con plaza en propiedad y el cese del resto de trabajadores.
Llama la atención que en el propio documento del plan, enviado por el consejero de salud a todos los profesionales por correo electrónico, hablan de “compromiso de transparencia y rendición de cuentas”, cuando no proporcionan dato alguno sobre la viabilidad económica de las concesiones. Se limitan a repetir el mantra de que la gestión pública es mala y la gestión privada es más eficiente, sin que haya documentos que apoyen esa afirmación, y sí los hay con evidencia científica de lo contrario. Se habla de la bondad del modelo cuando en las autonomías de Cataluña y Valencia, principales banderas del mismo, han tenido que echar marcha atrás, aumentando las asignaciones per cápita y negociando nuevas concesiones. Se da la circunstancia de que en Madrid en 2010 ya tuvo que producirse un “rescate” de los hospitales de gestión privada por la insuficiencia de los presupuestos iniciales.
Además, comparan la asignación per cápita de los hospitales ya gestionados por empresas con los de gestión pública, pero sin tener en cuenta el hecho de tratarse de centros que atienden procesos de diferente complejidad, lo que invalida la comparación en su origen. En el proyecto de presupuestos para 2013, el dinero previsto para los centros de gestión pública disminuye entre un 10 y un 20% según los centros, mientras que los de gestión privada aumentan su presupuesto entre un 5-10%.
Este plan podría suponer un recorte en la plantilla global de trabajadores sanitarios que atienden a la población. Si queremos mantener el mismo nivel de calidad asistencial y el mismo catálogo de prestaciones, es difícil pensar que se pueda lograr disminuyendo el número de profesionales.
Si la gestión pública está siendo mala, es responsabilidad de los gestores y aquellos que los nombran, y no tiene ningún sentido cambiar el modelo por otro que además tenga que producir beneficios para unas empresas privadas y que lógicamente saldrán del global del presupuesto destinado a sanidad, lo que hace difícil de creer que con menos dinero se pueda proporcionar la misma calidad asistencial.
Otra de las falacias del documento es la que habla de “corresponsabilizar a todos los que trabajan en el sistema”. ¿Cómo se puede tener la desfachatez de decir esto cuando no se ha contado con nadie para la elaboración de este plan?
Esto es notorio porque en ese sentido se han producido comunicados oficiales y cartas tanto a los medios de comunicación como a la propia consejería, desde el Colegio de Médicos, las sociedades científicas, asociaciones de pacientes y consumidores, etc. Los propios jefes de servicio madrileños, con una carta firmada por el 90% de ellos, expresan su rechazo al plan y su disponibilidad para colaborar con la consejería en otro tipo de actuaciones encaminadas a la contención del gasto en el difícil contexto económico actual.
La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma ha emitido también un comunicado de rechazo al plan, en el que especifican que no se ha contado con la Universidad y expresan su convencimiento de que va a afectar de forma muy negativa a la docencia en los hospitales.
Es especialmente relevante el caso de los Planes Estratégicos, previstos para el periodo 2011-2015, definidos durante los años 2011 y 2012, en plena situación de crisis económica, y llenos de medidas propuestas por los más de mil profesionales que han trabajado en su elaboración, sin que hayan sido tenidos en cuenta por la propia consejería que los puso en marcha.
Para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario tanto las sociedades científicas, los profesionales mediante los planes estratégicos, las unidades clínicas y el propio Colegio han detallado numerosas medidas para paliar el recorte presupuestario de 2013, iniciativas que no han sido tomadas en consideración por parte de la Administración. Dichas medidas van dirigidas a mejorar la utilización de los recursos sanitarios para hacer sostenible sistema, mejorando y completando el desarrollo del modelo asistencial público, dotando a los profesionales de competencias suficientes y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales (primaria, hospitalaria y urgencias). Contemplan también una concentración de patologías en unidades de referencia, y una búsqueda de la eficiencia clínica, donde prime la excelencia en la calidad y la valoración de los resultados clínicos a largo plazo y no los resultados económicos.
La consejería ha permanecido impermeable a este rechazo unánime, haciendo ver en los medios de comunicación que no va a echar marcha atrás en este plan, sin ceder un ápice en su postura, a pesar de tener en contra a todos los estamentos oficiales y no oficiales. Niegan incluso haber recibido algunas comunicaciones, como la carta de los jefes de servicio. En las propias palabras del consejero, en declaraciones a El País el 30 de noviembre “no hay negociación posible”.
Es por eso que desde la AFEM hemos rechazado, de forma rotunda, la forma de realizar y presentar el Plan así como el contenido del mismo. Se trata de un rechazo estrictamente profesional, al comprobar que se toman medidas que influyen en la salud de los madrileños sin contar con los profesionales de la salud, y que ponen riesgo la atención sanitaria a los ciudadanos.
No se trata de una movilización política ni tampoco está orquestada por sindicatos o partidos de la oposición, aunque puedan en algún momento coincidir con nuestro rechazo, como es el caso de una proposición no de ley para la retirada del plan que ya ha sido presentada en la Asamblea de Madrid.
Es en ejercicio de nuestra responsabilidad social para con nuestros ciudadanos por lo que convocamos una huelga indefinida de facultativos desde el 26 de noviembre en adelante.
No pedimos que no se haga nada, como quiere hacer entender el consejero, sino que la huelga se convoca con el único fin de que la consejería retire este plan y se siente a hablar con los profesionales para poner en marcha, esta vez contando con la colaboración de todos, medidas racionales que nos permitan afrontar esta crisis económica sin desmantelar el sistema sanitario público.

  

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